El Presidente de La Corte Centroamericana de Justicia, excelentísimo Magistrado César Ernesto Salazar Grande, representó al Órgano Judicial del Sistema de la Integración Centroamericana SICA.
Hemos intentado estar unidos varias veces: en 1821, en 1904, en 1951; y nuestro último intento fue a partir de los acuerdos de Esquipulas, fueron las palabras introductorias que ocupo el presidente Salazar durante su elocución ante Jefes de estado y representantes de gobierno designados para esta reunión.
Ante tales circunstancias en las cuales, muchos de nuestros pueblos se enfrentan por reclamos políticos, medio-ambientales, electorales, o de eternas demandas sociales es nuestro deber actuar con justicia y con verdad, continuo su discurso.
Pero para ello, hay que cumplir dos requisitos: tener buena fe política para cumplir con lo que establece el imperio de la Ley; y acatar lo que nos dicen los ciudadanos, los verdaderos soberanos de nuestros pueblos, así mismo.
¿Por qué he venido a hablar ante ustedes hoy?
Debo decirles que desde la Corte Centroamericana de Justicia los seis magistrados de los tres países en este alto tribunal estamos luchando, a brazo partido, para construir una comunidad de derecho regional. Queremos cimientos fuertes y sólidos en estas naciones que comenzaron unidas hace casi dos siglos. Pero hoy siguen renuentes y débiles.
No obstante, tengo mucho entusiasmo.
Mientras no haya justicia, no habrá democracia plena. Mientras no haya instituciones sólidas, no podremos infundir confianza en aquellos que nos vean desde afuera o quieran invertir en nuestros países.
La confianza se genera cuando los que estamos acá nos apegamos a las normas y a las decisiones de la justicia, desde nuestro ordenamiento jurídico comunitario.
El derecho comunitario ―desde una perspectiva más amplia e integradora― no nos va a quitar soberanía. Ese es un sofisma. Cumplir con lo que se ha acordado en el papel y ante nuestros pueblos, no es una obligación; es un deber que nos fortalece.
La responsabilidad de crear una mejor Centroamérica es de esta generación. Y un deber de los que estamos aquí. No podemos ser mejores si seguimos sin darnos la mano, sin vernos a los ojos, sin cumplir las leyes, sin escuchar a las gentes, sin el consentimiento del gobernado, sin seguir el curso de la democracia.
Solo la razón y la verdad conducen a la justicia. El camino no es fácil; pero da más estabilidad. El camino no es llano; pero asegura que cuando otros se vean enfrentados por retos y crisis parecidas, usen la ley como herramienta confiable.
Serán las próximas generaciones las que palpen la justicia, usufructúen la bondad, vivan en plena democracia, y conozcan, sin discriminación, la prosperidad para todos.
En la integración económica, estamos por cumplir los sesenta años de que se suscribió el Tratado General de Integración Económica y más de veinticinco que se hizo lo propio con el Protocolo de Guatemala por lo que es el momento oportuno para hacer una evaluación sobre si se han cumplido los objetivos que se tuvieron para dar el paso revolucionario que se dio a principios de la década de los sesenta.
En primera instancia, y como presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, es un tema que tengo que tener siempre presente, examinemos si siempre hemos actuado, en lo que se refiere a la integración económica, apegado a las normas fundacionales que dio vida a ese espacio más amplio de convivencia, de solidaridad y de reciprocidad que los hombres visionarios que en aquel entonces pretendían construir.
En segundo lugar, analicemos si no es este el momento apropiado para dar un salto cualitativo en dos direcciones: una, que el proceso sea universal, es decir, que todos los miembros del sistema de la integración, tengan los mismos derechos y obligaciones en cuanto a los compromisos adquiridos y por adquirir en la integración económica.
Después de casi sesenta años de vigencia, considero oportuno que la región avance a estadios más elevados de integración económica, como está previsto en el Tratado General, el Protocolo de Guatemala y en el relanzamiento de la integración que se hizo en este país en julio de 2010.
EN AMBIENTE Y DESARROLLO:
Los retos de la región centroamericana incluyen la necesidad de asegurar una transición hacia una sociedad que se adapte al cambio climático, que maneje racionalmente sus aun valiosos recursos naturales a la vez que incrementa su resiliencia y desarrolla un modelo económico bajo en carbono.
Estos constituyen impostergables de la integración.
En esa lógica, la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) constituye una pieza complementaria a los esfuerzos que los países de la región realizan en la materia, que se materializan en sus contribuciones al Acuerdo de Paris y la ejecución de planes ambiciosos a nivel nacional, incluyendo nuevos marcos jurídicos sobre cambio climático.
Un elemento novedoso que puede contribuir al logro de esos objetivos, es la iniciativa denominada AFOLU 2040, recientemente lanzada y respaldada por los Ministros de ambiente y agricultura del SICA, en la que se propone la meta que para 2030, la región restaurará y conservará diez millones de hectáreas de tierras y ecosistemas degradados, preliminarmente, con la idea de
aumentar la ambición, con una meta de alcanzar la Carbono Neutralidad en el sector agricultura, bosques y uso del suelo (AFOLU) para 2040.
EN LO SOCIAL:
En el marco del proceso de integración social los esfuerzos de las instancias integrantes del Subsistema y en particular del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) y su Secretaría la SISCA, han dado debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado de la integración Social Centroamericana (TISCA), promoviendo 25 años después de que fuera consignado en el Tratado, la elaboración participativa de la Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040 (PSIR-SICA), con la que se espera entre otros resultados, poner en valor la dimensión social del proceso integracionista, otorgándole al mismo más integralidad, al equilibrar el mayor peso que hasta ahora se le ha dado al proceso de integración económica.
La Política, será una herramienta fundamental en el cumplimiento de lo establecido en el TISCA y en el artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa, al convertirse en un instrumento estratégico para lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos y para promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico.
Si bien la región ha tenido significativos e indiscutibles avances en materia social, aún persisten viejos desafíos que coexisten con nuevos retos que demandan un mayor compromiso efectivo con lo social en la región, pudiendo citarse entre ellos: las transformaciones en el mundo del trabajo por la 4ta revolución industrial, los cambios en el ámbito demográfico, modificaciones en los patrones migratorios y la misma dimensión social del cambio climático entre otros. En esta línea un proceso de integración que coloque al ser humano como centro y sujeto del desarrollo, a la familia como eje de las políticas sociales, requiere consecuentemente, de una institucionalidad fuerte y con recursos financieros suficientes.
SOBRE EL MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL DEL SICA:
Con todos los problemas sucedidos en la integración centroamericana y después de más de veinte años de vigencia del Protocolo de Tegucigalpa, el principal reto inmediato de la integración es cumplir con responsabilidad, cooperación y participación igual, el Protocolo de Tegucigalpa como una verdadera Comunidad Económica y Política, en la cual todos los países miembros tengan los mismos derechos y obligaciones, evitando en lo sucesivo la dispersión de instrumentos jurídicos e instancias institucionales que existen en el actual marco normativo. Un pilar fundamental debe ser el principio de UNIVERSALIDAD.
Congruente con ese principio, se necesita la acción de los Estados para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y para darle mayor profundidad y alcance a la integración regional.
La interpretación inequívoca de todos los instrumentos de la integración sobre el único Marco fundacional: “el Protocolo de Tegucigalpa” sustentaría la Comunidad Económica y Política, que haría innecesaria, para la consecución de sus objetivos, la suscripción de otros tratados internacionales.
Este hecho es importante porque la multiplicidad de instrumentos vistos desde el aislamiento de cada sector ha dado como resultado una gran disparidad en el orden jurídico de la integración centroamericana, con el efecto que un mismo orden de cosas esté sujeto a normas diferentes, lo que ocasiona conflictos en el tratamiento de algunos temas y, en algunos casos, hace inviable lograr los objetivos trazados por los mismos instrumentos.
Para evitar estos inconvenientes y asegurar el eficaz cumplimiento de los compromisos que contemplaría el nuevo esfuerzo comunitario, el desarrollo de éstos debe realizarse a través de decisiones de los órganos de la Comunidad, que no requieren de actos legislativos o ejecutivos posteriores, esto dejaría claramente plasmado el tipo de integración a la que la región aspira: el “Comunitarismo”.
Corresponde a los órganos de la Comunidad, después de ponderar la realidad, adoptar las decisiones que resulten indispensables en un momento determinado, lo que además de simplificar los mecanismos de decisión, asegura que los actos puedan estar revestidos de la gradualidad y oportunidad que exigen los procesos de integración.
Otro aspecto es normar todos los asuntos de índole económico, político, social, monetario, institucional y aquellos necesarios para abarcar todas las cuestiones que son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Comunidad. Este contenido de temas conduce evidentemente a una acción unitaria inexistente hasta la fecha, no solo porque coloca bajo una sola dirección la marcha del proceso, sino también porque sistematiza, en torno a ciertos conceptos fundamentales, el sentido y alcance de las aspiraciones de los países en materia de integración.
Esta Reunión de Presidentes puede mandatar la consolidación final de la Comunidad Económica y Política y ordenar que todos los Órganos SICA y todos los Estados se vuelquen a la tarea de cumplir el artículo 1 de Protocolo de Tegucigalpa en considerar que somos una Comunidad Económica y Política; y actuar acorde a ésta por medio de sus órganos, instituciones y decisiones, fundamentalmente de la forma siguiente:
- Establecer acciones, mecanismos y procedimientos que permitan fortalecer, promover y desarrollar la democracia, la paz, la libertad, la igualdad, la justicia, la transparencia y el desarrollo sostenible de la región;
- Delimitar claramente las atribuciones y competencias de los órganos y demás institucionalidad regional, para un impulso efectivo de la integración;
- Disponer que se evite la dispersión de instituciones, permitiendo, a su vez, la simplificación en la actuación de la Comunidad Económica y Política Centroamericana, transparentando y haciendo más simple y congruente el mecanismo de toma de decisiones a lo interno del proceso, contribuyendo así, además, a una fácil comprensión del funcionamiento sistémico del mismo; y,
- Cumplir el principio de Universalidad siendo todos parte de todo, responsabilizándose cada Estado por lo creado hasta ahora. Reconociendo de una vez por todas que El Protocolo de Tegucigalpa se suscribió y ratifico sin reservas, y por lo tanto, los órganos, las instituciones y los Estados tienen obligacion de participar de la Comunidad en todos sus organos, en su funcionamiento y en su finanacimiento, que son responsabilidad de todos.
SEÑORES PRESIDENTES
Como dirigente de uno de los órganos principales de la integración, pongo a disposición mi tiempo, mis conocimientos y los recursos técnicos de la Corte Centroamericana de Justicia para colaborar en la reflexión sobre estos temas tan fundamentales para el futuro de Centroamérica que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no tiene viabilidad si actuamos aisladamente, fue parte del mensaje que dirigió el Presidente de La Corte Centroamericana de Justicia, excelentísimo Magistrado César Ernesto Salazar Grande, a los excelentísimos Jefes de Estado y sus delegados durante la Reunión de Presidentes de Centroamérica, San Salvador, El Salvador 18 de diciembre del 2019.
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